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La Cámara de Diputados mexicana está a punto de renovarse. El 1 de septiembre tomarán posesión 500 nuevos legisladores. El recambio ocurre cuando hay múltiples cuestionamientos a la opacidad con que opera ese cuerpo legislativo. Botón de muestra de esa conducta fue el bono que los integrantes salientes de la llamada Cámara Baja se autoasignaron en diciembre pasado, como compensación para subsanar el pago de impuestos por un bono de fin de año correspondiente a 2008.
En México, en el pasado acudimos frecuentemente a dispensar a las autoridades asumiendo que "cada pueblo tiene el Gobierno que se merece". Pero esta premisa que sólo reforzaba la resignación ante el abuso de autoridad, empieza a ser puesta en jaque por la ciudadanía
Para tratar de contribuir a romper esta cultura de abuso impune de las autoridades e indiferencia de la sociedad, y haciendo uso de mecanismos legales de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos DHP* presentó a la Cámara de Diputados una petición ciudadana exigiendo que se les explicara de manera formal el por qué los diputados se habían compensado ese impuesto por concepto del aguinaldo (paga navideña extra), cuando es obvio que el resto de la ciudadanía sí pagó al erario público.
La petición se presentó con 4.000 firmas ciudadanas y cumplió con todos los requisitos legales, pero los diputados no respondieron en el plazo constitucional. Ante el silencio de los legisladores, la prensa increpó al presidente de la Cámara, el diputado priista César Duarte, quien sin entrar en materia, en un gesto más de opacidad, argumentó que no atendería la petición debido a que el nombre del movimiento les parecía altisonante.
La rendición de cuentas es un motor de democracia inservible si no es asumida como una obligación irrenunciable de los representantes y si al esquivarla no corren riesgos políticos, ni afrontan consecuencia alguna. Con la intención de que un abuso de autoridad como éste tenga consecuencias, el 20 de julio pasado el DHP* promovió un amparo por violación a la garantía individual de recibir respuesta frente al derecho de petición (Art. 8 Constitucional), con el objetivo de que el Poder Judicial obligara a los diputados a responder.
Además, ante el hecho de que los diputados atienden con oportunidad y diligencia a sus cúpulas partidistas, el DHP* envió una carta a la presidencia nacional de los partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD para que intercedieran a fin de que los coordinadores de cada bancada contestaran la petición.
Finalmente, el lunes 10 de agosto, en un acto de irresponsabilidad alevosa, la Cámara de Diputados entregó una "respuesta" sin atender la petición ciudadana como tal. La resolvió como si fuera una solicitud de información, de modo que la instancia que responde es la Unidad de Transparencia de la Cámara.
En su respuesta aceptan que sí se compensaron el impuesto al aguinaldo. Dicen que dicha compensación se aprobó el 6 de noviembre del 2008, por acuerdo de la Comisión de Administración y en concurrencia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
En efecto, los diputados están facultados legalmente para tomar acuerdos, pero la Ley los obliga a que los fundamenten jurídicamente y establezcan el espíritu de su decisión. Sin embargo, el acuerdo con el que decidieron regresarse el impuesto de su aguinaldo, no está justificado. Así que podemos suponer que realizaron una asignación ilegal de recursos públicos para engordar sus bolsillos.
El DHP* pudo haber solicitado la información a través de la Unidad de Transparencia de la Cámara, pero optó por la petición ciudadana bajo el supuesto de que obligaría a los diputados a discutir en sesión plenaria la respuesta y que permitiría, en caso de no ser resuelta en tiempo y forma, recurrir al Poder Judicial para que interviniera.
Existe una premeditada opacidad que encubre al Poder Legislativo y a los "otros sujetos obligados" en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esto desmotiva a cualquiera a requerir información pública que comprometa a las autoridades. Las lagunas que presenta la normatividad se deben a una pendiente regulación que los legisladores siguen postergando. En el ámbito federal, existen básicamente tres condiciones que entorpecen la rendición de cuentas.
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