El domingo amanecimos con la noticia de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reprobó a México en transparencia presupuestaria. La opacidad convertida en nota de ocho columnas, justo una semana después de la polémica propuesta del ejecutivo para la reforma fiscal, que subraya la necesidad de incrementar el ingreso público teniendo como principales proveedores a los contribuyentes.
La primera condición que cualquier contribuidor pide antes de colaborar, es conocer el destino final que tendrá el dinero que aporta. No es de sorprender la negativa reacción que desata, entre los ciudadanos una propuesta poco difundida y confusa como esta. Según el Excélsior del 20 de septiembre “Al proyecto de egresos 2010 presentado la semana pasada, por el presidente Calderón, aún le falta difusión. Los mexicanos tienen poca voz al opinar sobre el uso de sus impuestos. En la categoría acceso ciudadano a los procesos presupuestales el país registra 33 puntos, mientras que el resto del continente alcanza los 40 puntos”.
Aunque en esta misma nota Roberto García López, investigador del BID, señala que hay algunos avances en la forma que el presupuesto clasifica sectores y temas, reconoce que México carece de evaluaciones sobre las consultas a las páginas del presupuesto.
Informar a los ciudadanos sobre los cambios radicales en el ejercicio del gasto y los beneficios tangibles que estas aportaciones ofrecerán al país, deberían ser un primer paso. Quizá, y aludiendo a la contagiosa desconfianza, la información es escueta y general para no provocar mayor oposición. Y es que una vez que se revisa la distribución del gasto prevista para el 2010, el discurso del presidente Calderón que advierte que sin el incremento del 2% México sufrirá hambres y carencias, pierde congruencia. Los gobiernos locales recibirán los mayores incrementos y nada nos garantiza (ya que no tenemos información al respecto) que los recursos que reciban estén etiquetados para desarrollo social, salud y educación. Con los comicios electorales locales que se avecinan, el impacto real de este incremento para el combate a la pobreza se pone una vez más en duda.
Los privilegios que gozan los funcionarios públicos de los tres poderes, sobre todo mandos medios y superiores, resultan intocables. En esta pirinola fiscal nunca se pone en juego el seguro de gastos médicos mayores, a pesar de que todos los servidores públicos están inscritos en el ISSSTE. Tampoco se habla de los aguinaldos estratosféricos y de los seguros de separación individualizados que pagamos con nuestras contribuciones.
La pregunta es si existen mecanismos creativos de reducción y redistribución del gasto que hagan más eficiente su impacto en la pobreza, sin exigir mayores contribuciones por parte de los ciudadanos. En caso de que existan alternativas, esperaríamos que nuestros representantes y funcionarios estuvieran dispuestos a contribuir al erario público, haciendo una reducción seria de sus privilegios. Apelamos además a tener información detallada y comprensible del proyecto de gasto, y qué decir de la necesidad de incluir a los ciudadanos en la discusión del destino de los recursos públicos. Sueño guajiro: Los funcionarios ponen y el ciudadano toma.
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