miércoles, 20 de enero de 2010

Mi participación en el Mesa de discusión: Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: la Reforma Política”

Se convocó a 12 ciudadanos a comentar la Reforma Política de Calderón con el Secretario de Gobernación Gómez Mont. 

Aunque no hubo oportunidad de persuadirlos sobre los riesgos y limitado efecto positivo que tiene para los ciudadanos, fue una oportunidad para expresarnos.


“Gracias por este espacio. Creo que debe ser el inicio de varios foros de discusión más extensos y más incluyentes.
La participación ciudadana es indispensable para propiciar que las modificaciones legales se traduzcan realmente en la apertura de un sistema político que hoy está amurallado por una estructura electoral costosa, opaca, que enquista a la cúpula de la partidocracia en el poder y que no resuelve la crisis de representación.
La propuesta del presidente Calderón está ya en la mesa de del Senado. Nuestra discusión de hoy será inútil si no conseguimos que los legisladores consideren nuestras críticas y atiendan nuestras sugerencias.
Preguntándome ¿cuándo un gobierno se ve obligado a trabajar en una reforma política?encontré por lo pronto tres razones:
1.Cuando enfrenta a problemas de gobernabilidad (paralizado por otros poderes, muy limitado por la oposición)
2.Cuando asume que la continuidad de su proyecto político está riesgo.
3.Cuando acepta que hay una profunda crisis de representatividad y reconoce descontento de la ciudadanía.
Esta reforma probablemente fue empujada por todas estas condiciones. Sin embargo es más evidente su preocupación por fortalecer el presidencialismo, ignorar la pluralidad y eliminar de la competencia a las alternativas minoritarias.
De los diez planteamientos nos ofrecen dos mecanismos de apertura del sistema político a la ciudadanía:
1.Las candidaturas independientes aunque difícilmente conseguirán escaños, al menos permitirán la inserción de temas ciudadanos a la agenda pública.
2.La figura de la iniciativa ciudadana abre sin duda la posibilidad de que nosotros seamos partícipes y nos hagamos corresponsables de las reglas que tenemos como país. Tendremos que ser creativos y tenaces para que nuestras iniciativas no se congelen en la heladera de los  legisladores.
Celebro ambas!!!
Por lo que se refiere a la reelección de alcaldes, miembros de ayuntamientos, delegados y legisladores con periodo límite de 12 años, considero que es un buen paso para generar compromisos de gobierno de largo plazo.
Sin embargo, me cuesta trabajo visualizar una reelección que responda realmente a los méritos sin que exista un sistema de rendición de cuentas estricto, integral y accesible a cualquier ciudadano.
Son justamente los legisladores y las autoridades estatales y municipales las menos reguladas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En consecuencia, implantar la reelección de sus cargos debería implicar la garantía jurídica de que su desempeño puede ser evaluado y sus administraciones puedan ser auditadas.
¿Me pronuncio a favor de la reelección? Sí, pero con rendición de cuentas y acceso a la información garantizados.
Por otra parte, me preocupa el planteamiento de la segunda vuelta porque no resuelve el conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, por el poco tiempo con el que contamos y por  tratarse más de un tema de gobernabilidad que de inclusión ciudadana no me enfocaré a este.
La reducción del número de integrantes en el Congreso supongo que responde al rechazo que la figura de los diputados ha generado entre la población. Pero sobre todo creo que  la reducción del número de representantes aleja a los ciudadanos de la toma de decisiones. Entre más ciudadanos represente un solo diputado más se dificulta la comunicación entre este y sus representados.
No necesitamos menos legisladores, sino que requerimos de vías de comunicación efectivas entre ellos y los ciudadanos. Y lo digo otra vez, necesitamos mecanismos de rendición de cuentas que además tengan consecuencias efectivas.  Apuesto a que todos los ciudadanos preferimos el número de representantes que tenemos,  pero quitándoles el fuero.
Lo que me alarma de esta propuesta de reforma es el aumento del porcentaje necesario para que un partido político mantenga su registro.
Entiendo que la reforma busca ser sensible al descontento ciudadano. Pero ni siquiera quienes anulamos y promovimos la anulación del voto, hablamos de reducir las posibilidades de contar con más partidos políticos.
El problema no es cuantos partidos políticos tenemos, sino el tipo de partidos que un sistema electoral como el nuestro fomenta.
Y con una reforma como esta, la tendencia al bipartidismo se irá incrementando. Lo que queremos son partidos distintos, democráticos, cercanos a los ciudadanos.
Nadie ha pedido quedarse con los mismos y concentrar en ellos el poder.
Se debe modificar  la fórmula del registro pero a la baja, para hacerla más accesible a los ciudadanos y evitar el clientelismo y el acarreo.
Pero fundamentalmente se debe modificar la fórmula del financiamiento. Es lastimoso que la Constitución proteja los recursos de los partidos políticos y no los destinados a la educación, la salud o la alimentación de los ciudadanos.
Es necesario cambiar el artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior, en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como dice actualmente.
Urge incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y que además se sometan a las mismas reglas de adquisiciones que quienes reciben dinero público. Ya que hoy en día no tienen que concursar ni licitar ninguna compra.
En conclusión  pienso que  la propuesta es un buen avance. Necesita ser fortalecida con mecanismos de rendición de cuentas y renunciar a la aspiración de un sistema bipartidista, que con las condiciones de nuestro espectro electoral no sería incluyente ni representativo”
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