En su artículo del lunes 7 de marzo en El Universal, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, reconoce que el maestro es fundamental para la calidad educativa. Celebra que en 50 años se haya reducido el analfabetismo al 8% de la población y que los años promedio de educación en México sean 8.
Dos temas son fundamentales, el primero tiene que ver con la interpretación de un logro que vincula la calidad con el número de años cursados en un salón de clases. Lo cual, como nos lo dicen las pruebas internacionales, no refleja los resultados de aprendizaje de los alumnos. El segundo tema es presumir que elevar el promedio de años escolares se debe a que los maestros han estado sometidos a una “agresiva” política de formación que sucedió a la par de la construcción de escuelas. Y aunque plantea la necesidad urgente de vincular los reconocimientos salariales a la calidad de la educación y la necesidad de redefinir el currículum de los docentes, pasa de largo en el tema de la evaluación transparente y omite la posibilidad de que los maestros se organicen sindicalmente por voluntad propia.
Entre los argumentos sobre nuestros avances para alcanzar un número promedio de años de escolaridad, compara a Francia con México y asegura que Francia tardó el triple de tiempo en lograr esa meta. La desinformación es hasta cínica. Lo que habla realmente del nivel educativo de un país no es el número de años que los alumnos alcanzan a cursar en un aula, sino el aprendizaje que estos años representan y, como hemos visto, la realidad es que México en 2009 ocupó el lugar 48 del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA en inglés) y Francia en el lugar 22, así que los resultados que los alumnos que cada país obtiene son todavía muy distantes.
Así que los maestros están atrapados entre su responsabilidad de ser garantes de la calidad de la educación en México y el sometimiento que los líderes del SNTE les imponen sin respetar su libertad de asociación y además están construyendo la ruta de una “carrera magisterial” aprisionada tras intereses políticos, relaciones con dirigentes sindicales, negociaciones de plazas a cambio de algún pago y discrecionalidad en la aplicación de las evaluaciones y la distribución de los incentivos económicos y de desarrollo. Y la frustración de aquellos maestros que permanecen en la misma plaza por años, sin que su buen desempeño sea un factor para moverse en el escalafón. No hablemos ya de la protección de líderes sindicales cuando de acoso sexual contra profesoras o alumnos se trata. La impunidad en la que están atrapados los maestros se ha ido fortaleciendo con la expansión del poder de la cúpula del sindicato y la custodia de otros actores políticos que ven en sus dirigentes un aliado electoral insustituible.
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