Después de un año sin que Felipe Calderón diera señales de querer liberar al sistema educativo, y sobre todo a los maestros, del uso político-electoral que les da la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); la Coalición Ciudadana por la Educación decidió acercarse a los senadores para impulsar algunas modificaciones a la Ley General de Educación que pongan el desarrollo profesional de los maestros en función de su desempeño y no de su lealtad política.
Enfrentar este reto era un asunto de voluntad política del ejecutivo, y lo hubiera obligado a sacrificar el posible apoyo electoral que el PANAL le hubiera podido dar a su partido en elecciones futuras. Pero Calderón no quiso asumir el reto ni responsabilizarse de un proceso de renovación profunda del sistema educativo que iniciara con la derogación del Reglamento de 1946, documento que sentó las bases de un sistema corrupto en el que la disciplina sindical y el trabajo político incentivaba a los profesores más que el desempeño, la formación y los buenos resultados en el aprendizaje de los alumnos. Con la derogación de este reglamento se le hubiera quitado a la dirigencia sindical el monopolio sobre la administración de la carrera de nuestros maestros.
Calderón no lo hizo, no lo hará y ni siquiera contará con el supuesto apoyo en las urnas con el que tanto le coqueteaba Elba Esther Gordillo. Basta nada más ver en la lista de senadores plurinominales del PRI al actual Subsecretario de Educación Básica, Fernando González, yerno de la líder sindical, para entender que su ‘prudencia’ no sólo no le redituará en apoyo político, sino que con ella condenará a nuevas generaciones a ser producto de una educación raquítica.
Afortunadamente el mes pasado el Senado de la República, a propuesta de su Comisión de Educación, envió a la Cámara de Diputados una minuta de reformas a la Ley General de Educación para “establecer, bajo el principio de transparencia, los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo”. Esa ventana dejó entrar la luz en un cuarto que parecía destinado a la penumbra.
Con visos para animarse a insistir, la Coalición Ciudadana por la Educación trabajó en la propuesta de creación de un Servicio Profesional del Magisterio que integre procesos de ingreso, permanencia, formación continua y superación profesional para los maestros de educación básica; y que centre sus oportunidades de crecimiento en la evaluación ya contemplada por la minuta del Senado, evaluación cuyos resultados deberán ser certificados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sin injerencia del SNTE.
En un acto poco común que vale la pena celebrar, la voluntad política se conjugó con la valentía, y tanto la presidenta de la Comisión de Educación – Teresa Ortuño (PAN) – como el Secretario de la misma – Javier Castellón (PRD) –, se comprometieron a presentar la iniciativa y a impulsarla para que se dictamine en próximas fechas. Si consideramos que los partidos a los que pertenecen cuentan con los votos suficientes para hacer que esto prospere, podemos predecir que para el siguiente periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados recibirá una minuta que, de aprobarse, empoderaría al magisterio y lo liberaría definitivamente de los colmillos depredadores de la cúpula sindical.
Es difícil que esta legislatura en la Cámara de Diputados promueva el buen destino de una potencial ley a favor de los maestros, los niños y los jóvenes de México; quizá valga la pena esperar a que se renueve en el 2012 como resultado de la elección, para romper finalmente las putrefactas y oxidadas cadenas que impiden el avance de nuestra educación. De nuevo el voto se convierte en elemento clave, porque habremos de aspirar a que la información, la conciencia y la activación de ciudadanos conforme un bloque amplio de legisladores más comprometido con el futuro de la educación en México que con sus amarres cortoplacistas.
Nos quedamos ya con una lección bien aprendida: del poder ejecutivo poco podemos esperar, y en cambio, tenemos que estar muy atentos a quienes pretenden legislarnos, pues ellos nos dotarán o no de herramientas institucionales para construir un país en el que se reconozca la dignidad y la libertad de nuestros maestros. Vamos por los valientes que tengan voluntad.
Artículo publicado en El Universal
26 noviembre 2011
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