EL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL: UNA PROPUESTA CONTRA LAS DIFERENCIAS Y UNA ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La respuesta común de la mayoría de los gobiernos liberales al problema de la pobreza, se hace con base en dos falsas premisas: primero, subordinar la eficiencia de la distribución de los recursos al crecimiento económico y segundo, privilegiar las políticas sociales condicionadas sobre las políticas públicas generalizadas, pese a que las primeras son políticas que promueven y consolidan estereotipos discriminatorios. Es decir, acotan la posibilidad de los ciudadanos para acceder a recursos monetarios dependiendo del su estado civil, género, nivel de ingreso, edad, profesión u oficio.
En contraste, la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) como una política pública que obliga al estado a entregar el pago obligatorio de un ingreso mínimo a todos los miembros de su sociedad, establece un piso básico no excluyente.
Lo más atractivo de esta propuesta es que promueve la construcción de la autonomía de las personas a través del uso de su libertad. Estoy convencida de que es sólo con individuos autónomos que puede exigirse responsabilidad ciudadana y que puede generarse cohesión social.
El proyecto de convertir el ICU en un derecho constitucional, debe ser visto como parte de una propuesta integral que disminuya la brecha de desigualdad en México. Sin ninguna intención de idealizar el impacto que puede tener a mediano y largo plazo esta propuesta, el partido Alternativa Socialdemócrata está obligado no sólo a revisar y sino a estructurar políticas púbicas integrales para abatir la pobreza.
Asumo que no hay fórmulas perfectas, que comúnmente se escapa una variable o surge un elemento contingente. Por ello, con la única finalidad de reflexionar sobre los posibles beneficios económicos y culturales que puede ICU a la sociedad, planteo dos líneas de discusión. Una que dibuje los bocetos del impacto que el hecho de contar con un ingreso seguro, puede representar en la vida cotidiana de las personas. Y otra línea que imagine cuales deben ser las principales redefiniciones metodológicas y procesales de la administración pública para replantear los programas sociales.
Línea 1.- Cualquier política pública debe tener un impacto real en la vida cotidiana de las personas.
Que no nos quede ninguna duda, las diferencias generan violencia. La violencia es sólo una de las múltiples caras de la pobreza. Pero quizá sea el semblante más dramático, el más aberrante y el más esquizofrénico. Podemos ver la violencia como un círculo vicioso difícil de escindir. La imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas desencadena una serie de comportamientos y actitudes de agresión que no pueden contenerse socialmente.
Así sucede con la violencia que se desata en las familias y sobre todo hacia las mujeres. “La violencia intrafamiliar y la sexual, tienen su origen en una tradición discriminatoria profundamente arraigada, según la cual, la mujer por ser diferente al hombre, es menos que él. Si es así en la vida privada, es así en la vida pública”(1)
Y efectivamente, la mujer en México es diferente al hombre. La diferencia no radica en las habilidades o las capacidades, sino en las condiciones culturales, sociales y económicas a las que está sujeta.
La mayoría de las mujeres en nuestro país enfrenta necesidades extremas, lo que las coloca en una posición de sumisión que no aceptarían en otras condiciones. El patriarcado como esquema familiar socialmente instituido, establece la dependencia económica de la mujer y limita sus libertades y derechos.
La aceptación de la sumisión está íntimamente ligada a la dependencia económica. Mientras la mayoría de las mujeres no cuente con posibilidades reales para cubrir sus necesidades básicas, estará dispuesta a permanecer con una pareja sin que esa sea su voluntad realmente, e incluso a aceptar la violencia para ellas y para sus hijos.
Les presento varias cifras que así lo demuestran:
• De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 65 mil mujeres han muerto en forma violenta en los últimos 50 años, es decir, cada ocho horas una mujer es asesinada o se suicida como consecuencia de la violencia o discriminación de género.
• En México, 47 de cada 100 mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar, reveló la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares aplicada de 2003, dada a conocer por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que en el caso de la violencia familiar, ésta representa casi un año de vida perdida por cada cinco años de vida saludable.
• El Consejo de Atención en Violencia Familiar del Distrito Federal, destacó que en el año 2000, el 96% de las víctimas atendidas por las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (UAVIS) fueron mujeres y el 4% restante, hombres. Asimismo se atendieron a 470 menores por maltrato infantil: 258 niñas y 212 niños, que tuvieron como responsables principalmente al padre.
• Y hablando de costos CIMAC reportó que: "Este tipo de violencia cuesta al país 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a días no trabajados y gastos de hospitalización, servicios de emergencia, albergues, entre otros".
Hasta ahora podemos mantener la hipótesis de que el ICU provocaría una serie de beneficios redistributivos que a su vez promovería el desarrollo social. Porque rompe con el esquema administrativo clásico, asistencialista y clientelar que aparenta resolver problemas específicos sin reformar en su totalidad la estructura económica de inequidad.
Así podríamos afirmar que otorgar un ingreso a las mujeres promovería su libertad y las empoderaría para negociar, de modo que paulatinamente la violencia intrafamiliar se viera disminuida.
Sin embargo, considerando que esta una hipótesis todavía aventurada, retomé los elementos que Claus Schäfer define para que una política redistributiva resulte eficiente (2) y consecuentemente, revisé si el ICU cumple con esas condiciones:
Línea 2.- Modificaciones metodológicas y procesales de la administración púbica para la incorporación del ICU.
1.- Una distribución del ingreso debe ser relativamente igualitaria, independientemente de la redistribución efectuada por el poder público. El ICU cumple con ello. Sin embargo es necesario definir montos, mecanismos de entrega, control y rendición de cuentas.
2.- Después de que se efectúe la redistribución de dicho ingreso, debe compensarse individualmente a las personas con situaciones de vida desventajosas, que no se pueden evitar ni aún disponiendo de un puesto de trabajo. Además de establecer el ICU como base de las políticas de desarrollo social, deben diseñarse políticas complementarias para educación, salud, vivienda, etc. Estamos obligados entonces, a realizar una revisión exhaustiva de las políticas focalizadas que podrían ser sustituidas con la aplicación del ICU.
3.- Una tributación de impuestos y contribuciones aplicada sobre todas las fuentes de ingreso, que opere en forma lo más progresiva posible, independientemente del ingreso y sin excepciones. Debemos promover la realización de una reforma fiscal integral e incrementar la recaudación mediante un sistema realmente redistributivo.
4.- Una ejecución del gasto de nivel similar que encauce los ingresos obtenidos por el estado vía impuestos y contribuciones hacia prestaciones sociales e infraestructura así como las prestaciones sociales monetarias, sean un derecho constituido. Es necesario hacer una profunda revisión del gasto público redefiniendo las prioridades del estado y reduciendo los costos de la burocracia.
Sumaría algunas tareas sobre las cuales considero que el partido Alternativa debe enfocar su trabajo de análisis. ¿Cómo hacer que esta propuesta sea una política pública asumida comunitariamente y no impuesta desde la autoridad?. Nuestra tarea debe proyectar el impacto sociocultural de la aplicación del ICU y tomar en cuenta los diferentes contextos regionales en los que se aplicaría. Además es necesario evitar que la propuesta promueva el paternalismo o la limitación de las libertades, ¿cómo garantizamos el uso constructivo del ingreso ciudadano de modo que no incentive la violencia intrafamiliar en comunidades de bajo nivel educativo, con el mal uso de los recursos? Quizá sea conveniente ofrecer asesoría administrativa y programas de ahorro y gasto familiar.
Otra de las asignaturas pendientes, será evaluar el impacto económico para garantizar que en efecto el incremento en el poder adquisitivo de la totalidad de la población no genere inflación. Y lógicamente, hacer una revisión del marco jurídico que debe solventar la propuesta.
Por ahora, me complace enormemente el eco que el ICU está causando ya en nuestra comunidad socialdemócrata. Es un muy buen momento para que la Fundación Voz Alternativa y el Partido dediquen parte de sus esfuerzos al fortalecimiento de esta propuesta. Nuestro interés por resolver los problemas sociales debe de ir acompañado de imaginación y creatividad, pero también debe de ser sostenido por un análisis cauteloso y comprometido con el impacto social, cultural y ambiental.
El Ingreso Ciudadano Universal puede ser una alternativa que compruebe la viabilidad de instaurar un sistema de justicia en el que la libertad del individuo genere los lazos de cohesión social que requiere México para su desarrollo.

1.Plilippe Bataille y Francoise Gaspard, Como las Mujeres Cambian la Política, impresiones Gráficas Guadalupe, Buenos Aires, Argentina, 2000, p.51
2. Claus Schäfer. “Política fiscal, distribución del ingreso y desarrollo económico. Un breve análisis”, en Políticas públicas, inclusión social y ciudadanía, a cargo de Klaus Bodemer, editorial Texto, Caracas Venezuela, 2003, pp. 143 y 144.