El velo negro de los partidos políticos
En últimas fechas, el desarrollo de las elecciones internas de los partidos políticos para la renovación de sus órganos de dirección, ha desatado escándalos por la evidente carencia de compromiso democrático con sus militantes. Las condiciones sociales no mejoran y en paralelo los partidos despilfarran recursos públicos en sus disputas internas de poder, sin rendir cuentas claras de sus gastos a la ciudadanía.
Llama la atención el absoluto silencio que impera en relación con los costos financieros involucrados en dichos procesos y, en general la encarecida manutención de estas instituciones políticas que cada vez representan menos los intereses de la ciudadanía. Los esfuerzos por transparentar el manejo de los recursos han dado algunos resultados. Sin embargo, a la fecha los partidos siguen vistiendo un largo velo negro que oculta el uso y destino que dan a los recursos públicos.
La reforma electoral del 1996, resolvió en cierta medida la inequidad en la distribución de los dineros entre los partidos, dando lugar a elecciones más competitivas. Además le otorgó al Instituto Federal Electoral mayores facultades de fiscalización. Posteriormente, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), los partidos políticos adquirieron acotados compromisos, debido a que no son sujetos obligados por esta Ley.
Los sujetos obligados por la Ley fueron definidos por los legisladores de los diferentes partidos. Esto implicó que no se sometieran a rendir cuentas directamente a los ciudadanos y militantes, sino que lo hacen a través del Instituto Federal Electoral. Esta es una muestra más de que los partidos políticos no se comprometen a fondo con los ciudadanos.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) no tiene ninguna facultad para comandar, en materia de transparencia a los órganos autónomos, como lo es el IFE, que en consecuencia, cuenta con su propia Comisión de Transparencia. Por ello, la definición circunstancial de la publicidad o privacidad de la información de los partidos, es un peligro latente.
La reforma electoral del 2007 arroja también algunos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), establece cuales son los documentos básicos que los partidos políticos deben poner a disposición de los ciudadanos. Lamentablemente, como era de esperarse, los legisladores omitieron transferir con idéntica intención las obligaciones que sí establece la Ley Federal de Transparencia, de modo que los partidos políticos quedaron nuevamente exentos de hacer públicos sus contratos indicando monto, nombre de proveedor o contratista, los plazos y el tipo de bien o servicio adquirido.
Muchos coincidimos en que resultaba indispensable desvincular el gasto de los partidos, de la publicidad en medios de comunicación. Sin embargo, esa medida resulta insuficiente en tanto no tengan reglas claras para realizar contrataciones y mientras no estén dispuestos a desglosar públicamente el uso que dan al vastísimo presupuesto con el que cuentan anualmente.
Tras una revisión general de las disposiciones estatutarias de los partidos políticos nacionales, sale a flote la simulada transparencia con la que se autoregulan. Ningún partido establece entre sus obligaciones la publicidad de sus contratos y adquisiciones en su portal de internet. A excepción del PRD que se reconoce como sujeto obligado a informar de conformidad con los términos, condiciones y requisitos de la LFTAIPG, pero que en su página de internet no publica por ningún sitio esta información. Ni siquiera los convenios de transparencia que suscribieron con el IFE el partido Convergencia y el ahora denominado Partido Socialdemócrata, asumen este compromiso. Aunque existe la posibilidad de solicitar la información financiera a través del IFE, los plazos y mecanismos limitan drásticamente el acceso oportuno a la misma.
El encubrimiento de su administración es el común denominador en todos los casos. La dificultad para conocer el padrón de los afiliados es también un indicio de la opacidad con que se rigen. Y en efecto, si no es posible saber con certeza quienes militan en un partido o en otro, el resto de la información que manejan carece de confiabilidad.
La rendición de cuentas se fomenta siempre por de quien exige su entrega. Los ciudadanos somos responsables de arrancar de una vez por todas los tapujos que mantienen a los partidos ocultos en la opacidad. Urge la promoción de una ley de partidos políticos que establezca criterios claros para el manejo y destino de los recursos a que se hacen acreedores cuando reciben nuestro voto, que garantice la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y que además reivindique el valor de la militancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario