DERECHOS POLÍTICOS E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Convocada por el Tribunal Federal Electoral, presenté hoy esta ponencia en el Foro sobre Derechos Humanos e Igualdad entre hombres y mujeres.

Hablar de derechos humanos, me obliga a pensar en el concepto de humanidad, como el referente de identidad más amplio y plural que puede concebirse. La pertenencia a este inmenso colectivo solo tiene como requisito ese, ser humano. Sin embargo en nuestro día a día, en la vida en casa, en el trajín de la calle, en los espacios comunitarios, los derechos parecen estar clasificados por requisitos adicionales que distorsionan la premisa básica de la igualdad.

Es conocida ya la larga historia de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Enfocaré mi atención a la importancia de los derechos políticos porque considero que son los detonadores del resto de las garantías individuales y sociales en materia de equidad.

En su artículo sobre “Mujeres, acción política y elecciones en la Ciudad de México”, Marta Lamas cita a Carlos Monsiváis en su descripción del voto.

“El voto es el ingreso al punto de vista comunitario, y es un refrendo de los compromisos que cada quien, al ejercerlo ratifica o emprende. Paulatina o rápidamente (muchísimo depende de la edad, la información y la educación disponibles, y las ventajas o desventajas de la obediencia), el voto desemboca en una apropiación mínima pero irreversible de la vida pública”. (Lamas, Marta 2006)

Tomar como propia la vida pública nos ofrece entonces la posibilidad de gozar de los beneficios de pertenecer a una comunidad pero también nos obliga a hacernos  responsables de lo que esa pertenencia implica. El voto es sin duda un beneficio fr esa pertenencia y es también una responsabilidad. La lucha de las mujeres por ejercer el voto está vinculada a ambos objetos. Porque en la concepción feminista las relaciones humanas están basadas en el reconocimiento del otro y todavía más allá, la responsabilidad del nosotros.

Los derechos políticos tienen su origen en el derecho al voto. Los avances en materia legal para garantizar el voto de las mujeres son evidentes. Sin embargo, las prácticas socio-culturales mantienen cierto grado de marginación que se reproduce en el ejercicio del voto. El proceso de votación en México que inicia con la integración del padrón electoral y culmina con el conteo de nuestros sufragios, tiene todavía peligrosas tentaciones que hacen vulnerable el derecho de las mujeres a decidir quien tomará las decisiones públicas que les atañen.

Estamos actualmente realizando una investigación representativa para diagnosticar algunos espacios vulnerables en los que normalmente encontramos que las mujeres no acuden a votar o lo hacen con alguna consigna específica. Esto en la mayoría de los casos responde a los usos y costumbres de las comunidades, en los que los roles familiares siguen siendo determinantes para cualquier actividad comunitaria, de modo que la mujer no se mueve nunca o casi nunca del hogar y el hombre es el único que se desplaza para votar. Incluso hay varios casos en que los hombres se presentan con la credencial en mano de su mujer y hasta de sus hijas y exigen que se les entreguen las boletas para votar en su nombre. Esto no le suena novedoso a casi nadie. Es en este momento cuando los funcionarios de casilla tienen que ejercitar sus habilidades de conciliación e impedir que se cometa un delito electoral evitando además a toda costa que se genere algún tipo de violencia.

Sin embargo, nos sorprendió encontrar un caso en el que quienes promueven la desigualdad entre hombres y mujeres son justamente quienes capacitan a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. Resulta que durante las elecciones del 2006 en la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, por el apellido y fecha de nacimiento, se convoco simultáneamente a un matrimonio. Ambos tomaron el curso y ella resultó más hábil tanto en la comprensión de la información como en los ejercicios prácticos. Sin embargo el capacitador nombró como presidente al esposo justificando su decisión en que se les instruía hacerlo de esta manera para evitar que tanto su marido como el resto de los funcionarios de casilla no se presentaran el día de la jornada el electoral porque la Presidenta era mujer. El caso es muy representativo porque son las instituciones electorales las que deben romper con las prácticas de inequidad y en realidad las reproducen.

Sin duda el voto es la célula del desarrollo de los ejercicios democráticos, pero en realidad la posibilidad de que el resto de los derechos esté garantizada no depende únicamente de poder elegir quien te gobierna, sino de que realmente estés representado por quien tiene acceso a ser electo y obviamente por tener garantizada la posibilidad de ser electo.

Si asumimos que es desde el poder donde se generan espacios de reconocimiento a las diferencias, se promueven las transformaciones culturales y se construyen las instituciones sociales que garantizan cohesión, bienestar y desarrollo comunitario, justamente es en desde el poder donde la exclusión se reproduce.

La garantía de los derechos humanos de las mujeres está íntimamente ligada con sus derechos políticos. Es difícil pensar que si no hay mujeres tomando decisiones públicas e influyendo en ellas, los hombres cederán privilegios  y velarán por los derechos de las mujeres. Eso no ha sucedido, casi nunca. Los avances en derechos políticos de las mujeres han sido logros obtenidos y promovidos por mujeres. Por eso es indispensable abrir  las puertas para que las mujeres accedan al poder.

No es sencillo instalar estos accesos. Ello requiere de un reingeniería social integral que no sólo garantice el cumplimiento jurídico que ya de cierta forma genera obligaciones de cuotas para partidos políticos, lo que da posibilidades normativas a las mujeres para entrar a los espacios de elección popular. Es necesario abrir también acceso a la toma de decisiones que se producen desde el poder ejecutivo y el judicial y en donde el tema de cuotas no está ni siquiera contemplado jurídicamente.

Además hace falta contar con un entramado social que se articule sobre nuevas ideas de familia y sociedad, lo que implica una profunda transformación cultural que renueve las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, no solo se requiere democratizar el espacio público, sino democratizar el espacio privado.

Esta es la tarea más ardua y en la que los poderes del Estado y sus instituciones deben sumar esfuerzos para  promover el cuidado y crianza de las y los hijos como una responsabilidad social y de todos los integrantes de las familias.  En México hacen falta políticas que garanticen servicios de guarderías, empleos con horarios flexibles y salarios dignos,  condiciones laborales y sociales que promuevan no sólo la maternidad sino la paternidad responsable, así como la redistribución de las cargas de trabajo doméstico entre hombres y mujeres. 

Construir, lo que se me ocurre denominar  hogares ciudadanos,  que se encarguen el cuidado de los enfermos y ancianos que se asume como una responsabilidad femenina y obliga a las mujeres a dedicar la mayoría de su tiempo a estas actividades, sin poder participar de la vida pública.

Es necesario también promover la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas -física, psicológica, económica y laboral- desde las más sutiles hasta la expresión extrema del Feminicidio.  Y es aquí donde imagino qué tan diferente sería la vida en Ciudad Juárez, gobernada, legislada y atendida judicialmente por mujeres. Seguramente muy distinta a lo que es hoy.

Hace falta insistir en la necesidad de una revolución cultural que incluso luche contra la autoexclusión de las mujeres. Porque me siento obligada a decir que la cultura de subordinación sigue tan arraigada en nuestra sociedad, que son aveces las propias mujeres las que se niegan a abandonar  los estereotipos y roles que las mantienen en la marginación.

Los hombres están histórica y culturalmente más acostumbrados a las prácticas políticas antidemocráticas que desafortunadamente siguen vigentes en nuestro país. El peligro recae en que dadas las formas distintas de plantearse el poder, lo más probable es que las mujeres nunca lleguemos a alcanzar una paridad con los hombres en los niveles más altos de la nación. Ya que por lo general, estas vías formales, escalonadas y piramidales de acceso al liderazgo político, enredadas además con intereses económicos casi inquebrantables, están articuladas para que prevalezcan los hombres y declinen las mujeres.

Por ello no podemos optar por una reforma social sin una reforma política o viceversa. Es indispensable generar modificaciones de fondo en ambos sentidos, porque tener garantizado el acceso a la puerta del poder por las vías legales sin contar con una llave social que nos permita abrir esa puerta, es sólo una simulación.

Es tan necesario contar con garantías estatutarias que obliguen a incrementar la representación de las mujeres en la vida pública como contar con la cultura y organización comunitaria que más que inhibir la intervención de la mujer en la política, la promueva.

“Pero si bien una redistribución equitativa de poder entre los sexos implica mucho más que un ingreso numérico de las mujeres a puestos políticos, contar con un número mayor de mujeres resulta fundamental. Aunque la cantidad no garantiza el salto a la calidad, un grupo numeroso de mujeres aún cuando tenga carácter de minoría, puede constituir una “ masa crítica importante”, porque si las mujeres son pocas y están aisladas es más difícil que tengan la fuerza y la posibilidad de ponerse en relación entre si y de apoyarse”. (Lamas, Marta 2006).

Es a través del ejercicio de los derechos políticos que se construye una ciudadanía participativa. En consecuencia, la relación entre ciudadanía y exclusión social es tan íntima que difícilmente es posible garantizar los derechos sociales, económicos y civiles, mientras la posibilidad de elegir a los tomadores de decisiones públicas e intervenir en dichas decisiones, este cancelada en los hechos. 

Al incorporar en la vida cotidiana de la ciudadanía, los nuevos modos de interacción surgidos del mundo mediático, las nuevas formas de gestión y asociación, entonces los excluidos lo son también de la mayor parte de los derechos ciudadanos y del ejercicio moderno de la ciudadanía y son quienes tienen menores posibilidades de participación política, de visibilidad en el espacio público, de acceso a ingresos y empleos dignos, de contar con educación de calidad y buenos servicios sociales, de disponer de información oportuna como usuarios de servicios y como consumidores etc. (Ríos Tovar, Marcela 2008)

Hay un enorme déficit democrático que se hace evidente en la representación y participación, específicamente si consideramos la representatividad de las autoridades públicas. Las cifras sobre participación femenina parlamentaria  del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indican que en México sólo el 22.6% del parlamento está integrado por mujeres. (PNUD, 2007)

Las mujeres continúan enfrentando múltiples barreras para acceder a las esferas político institucionales. Las instituciones políticas, las normas electorales y el funcionamiento de actores políticos claves como los partidos políticos, está igualmente imbuida de este orden de desigualdad que relega a las mujeres a una posición subordinada.

Es indispensable entonces hacernos responsables de probocar reformas profundas al sistema político y sus instituciones y garantizar la aplicación estricta de medidas de acción positiva, no sólo en los cargos de elección popular, sino en los cargos de toma de decisiones públicas tanto del poder ejecutivo como del legislativo. No podemos aspirar a una representación igualitaria entre ciudadanas y ciudadanos en las condiciones actuales de marginación social y de exclusión política.

Sería ideal aspirar a lograr una transformación cultural en la que la sociedad recurra excepcionalmente a los tribunales judiciales por violación de los derechos políticos, debido a que las prácticas de igualdad entre hombres y mujeres son parte de la vida cotidiana.

Convoco a las instituciones encargadas de velar por los derechos políticos de los ciudadanos a que asuman la responsabilidad de promover una cultura de equidad que no sólo garantice el cumplimiento del derecho al voto y el cumplimiento de las cuotas de acceso al poder, sino que modifique de fondo el entramado social que impide que esos derechos se hagan efectivos. Estas instituciones cuentan con amplios recursos financieros y un importante capital humano y pueden  promover políticas de formación de ciudadanía con enfoque de equidad de género y con ello generar cambios significativos en la cultura política del país. Estoy convencida incluso de que es su obligación.