El Universal me pidio un artículo sobre la plataforma del PANAL. En el momento en que se publicó (3 de julio) pensaba que días después el PANAL quizá habría perdido su registro. No sucedió así. Lamentablemente tendremos que seguir manteniendo con nuestros impuestos a estas franquicias políticas que simulan ofertas innovadoras.
Los ciudadanos no revisamos las plataformas de los partidos. La mayoría no sabe que existen, y quienes entendemos que son listas de principios y objetivos en las que señalan sus prioridades no confiamos en que sean un referente certero de compromisos que nos indique si candidatos y dirigentes conocen esa agenda, la suscriben y dedicarán sus acciones a materializarla.
Pero bajo el supuesto de que la plataforma es un documento consensuado que implicó deliberación y análisis, si no de los militantes al menos de los dirigentes del partido, vale la pena revisar el discurso, a quién va dirigido y la visión que tienen del país.
Para un ciudadano de a pie, lo importante es que su voto tenga consecuencias directas en su vida cotidiana, que vea señal de transformación en los espacios públicos y que comprometa a los representantes a desempeñarse con eficiencia y honestidad. Esperamos que los partidos no sólo enlisten ofertas generales, sino que tengan claridad en los mecanismos con que operarán para alcanzar sus objetivos. Una plataforma tendría al menos que contestarnos: ¿qué políticas de seguridad social ofrece el partido?, ¿qué mecanismos utilizará para garantizarnos un espacio público de convivencia pacífica?, ¿a qué acciones destinará los recursos que son de todos?, ¿cómo asegurará que el desempeño de sus representantes genere resultados y sea evaluado?
La plataforma Partido Nueva Alianza nos anuncia el diagnóstico de lo que el país necesita, pero en su generalización evade responder cómo. Los valores en que se sustenta son libertad y justicia, fortalecer el estado de derecho y una vaga referencia a la igualdad. Define la educación como su principal eje, en un discurso dirigido al magisterio que hace referencia a la calidad educativa como si fuera un concepto acabado y posicionado entre la sociedad. En este sentido, plantea reformar el sistema educativo para renovar el papel y las funciones del maestro.
Sorprende la propuesta de transparencia, en la que incorpora la necesidad de que los partidos y todas las instituciones que reciben recursos públicos rindan cuentas. Menciona el imperativo de contrarrestar el mal desempeño de los funcionarios públicos a través del servicio civil de carrera. Para el combate a la corrupción propone reformar la ley federal de transparencia, de modo que “los partidos no sólo tienen que recibir la recomendación, hacer pública la información sobre su gasto, sino que tienen que ser vinculados directamente con dicha ley y estar sujetos a consecuencias jurídicas en el caso de su incumplimiento”. Son propuestas precisas las que permiten que los ciudadanos conozcamos con mayor claridad las intenciones e implicaciones de sus objetivos.
En contraste, hace el compromiso de impulsar la “nueva gestión pública” con una serie de incisos sin explicar cómo se implementa. Esta práctica de introducir conceptos académicos que suenan vanguardistas aunque no lo sean genera distancia entre el electorado y los partidos. Si pedimos a los candidatos explicar los métodos para fortalecer las instituciones con prácticas de la nueva gestión pública, apuesto a que menos de 10% respondería.
Para economía y desarrollo lanzan sus dardos hacia el incremento de la recaudación de impuestos con el combate a la evasión, además de eficientar y transparentar el gasto administrativo del gobierno. Pero no se comprometen a reducirlo para transferirlo a prioridades sociales. Aquí plasman ideas sueltas sobre migración y equidad de género. Sugieren alentar el ahorro y la inversión y generar fuentes de empleo sin decirnos cómo.
Su palabra clave es fortalecimiento. La utilizan también para ofrecer reforzar el sistema de impartición de justicia, para lo que ofrecen fórmulas generales: transparencia en el accionar judicial, sistema de coordinación para la procuración de justicia, coordinación integral de todos las policías, reforma a los poderes judiciales estatales, etcétera.
El objetivo de seguridad nacional es un espejo de la figura del fortalecimiento del sistema de justicia, con la excepcional marca de que incorporan acertadamente, aunque sin ninguna precisión, la inversión en el sistema educativo como elemento de prevención de la delincuencia.
La plataforma del Panal es un traje con trozos de buenas telas pero un tanto mal cosido. Está diseñado para el magisterio sindicalizado y se anuncia con la atractiva oferta de garantizar al maestro ascensos, estímulos y un salario adecuado. Queda claro que su oferta es para los maestros del Estado y no tiene mucho que ofrecer al resto de los ciudadanos.
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