500 sobre 500 diputados
Los ciudadanos que pretendemos conocer el desempeño de los diputados federales, nos encontramos un muro tan alto e infranqueable como su feo y enorme edificio. Es equiparable la dificultad de ingresar a las oficinas del palacio legislativo blindadas por guardias mal encarados, en dónde el ciudadano es pequeño e insignificante, con las obstrucciones cotidianas que enfrentamos para conocer información de su desempeño, administración, gastos, prioridades, acuerdos, gestiones de cabildeo, etc.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace una distinción entre el poder ejecutivo y los otros sujetos obligados, de modo que su incumplimiento supone consecuencias distintas. La rendición de cuentas y el acceso a la información pública del poder ejecutivo están garantizados en mayor medida, porque tiene que asumir los dictámenes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en caso de que la negación o el estado de la entrega de la información no hayan sido plenamente justificados.
Pero para el poder legislativo y los otros sujetos obligados, la entrega o negación de información está supeditada al dictamen de la Unidad de Transparencia, integrada por funcionarios de los mismos órganos. De modo que si un ciudadano se inconforma ante la negación o la entrega incompleta de información, para que le resuelva la controversia, debe recurrir al Comité de Información, instancia integrada también por funcionarios de las propias instituciones. Así, los legisladores federales como jueces y parte pueden negar la entrega de información pública sin repercusión alguna.
Además de esa barrera, el resto del marco jurídico del poder legislativo no contempla obligaciones ni tareas y en consecuencia, no define plazos ni sanciones por incumplimiento. Los diputados no están obligados a informar sobre sus acciones, decisiones, erogaciones, ni rinden cuentas a sus electores.
La primera experiencia del movimiento ciudadano Dejemos de Hacernos Pendejos DHP*, denominada Operación 001 “diputados coludos, ciudadanos rabones”, demostró el desinterés de los ahora exdiputados por rendir cuentas sobre el uso discrecional de las subvenciones e hizo evidente la opacidad de los procesos administrativos con que se reparten, entre fracciones parlamentarias, los recursos públicos.
Los exdiputados, no respondieron en el plazo constitucional la petición ciudadana que iba acompañada de más de cuatro mil firmas. Su respuesta denotó la ilegalidad de la decisión con que avalaron la compensación del impuesto por concepto de aguinaldo. Varios ciudadanos en representación del movimiento, presentamos la denuncia correspondiente, contra los diputados que resultaran responsables por dicha compensación. Ha pasado más de medio año y seguimos en espera de alguna notificación por parte de la Procuraduría General de la República.
La impunidad puede como siempre jugar a su favor, pero al menos podemos afirmar que la presión ciudadana consiguió un éxito: los diputados de la actual legislatura ya no realizaron ninguna compensación por concepto de impuesto al aguinaldo. Suponemos que comprendieron la ilegalidad del acto y celebramos el hecho de haber inhibido una práctica de corrupción.
Con esta historia de aprendizaje, estamos comprometidos a vigilar de cerca a los legisladores. Para ello, con el apoyo de Impacto Legislativo y de Estrategia 360°, DHP* lanzó una página de internet en la que los ciudadanos pueden adoptar a un diputado y darle seguimiento a su desempeño y acciones.
En vista de que la Cámara de diputados no tiene un sitio accesible de rendición de cuentas, que genere un diálogo entre representantes y representados, los ciudadanos debemos asumir que no podemos quedarnos con lo que hay, sino que debemos construir lo que queremos.
http:www.500sobre500.org es un sitio que presenta los perfiles de los diputados subrayando sus relaciones con los poderes fácticos. Así es posible distinguir si los diputados responden a alguna televisora, sindicato, empresario, gobernador, precandidato entre otros vínculos que pueden orientarnos sobre la tendencia de sus propuestas y sus votaciones.
Periódicamente se presentará un reto dirigido a los ciudadanos para que con diferentes mecanismos de presión, exijan a sus diputados rendición de cuentas y los sometamos a hacerse responsables de sus decisiones y acciones.
El primer reto que se ha lanzado invita a los ciudadanos a preguntarle a su diputado ¿en qué gasta los recursos que se le entregan para atención ciudadana?. Vía telefónica, por correo electrónico o en caso extremo mediante solicitud de información, los ciudadanos intentarán obtener respuesta de su diputado y reportarán cuanto tardó y la calidad de la misma.
Será un trabajo de mediano y largo plazo, en el que los ciudadanos habremos de ser tan constantes como pacientes. Al día de hoy, más de 1000 ciudadanos han adoptado diputado, y aún faltan 154 diputados por adoptar. De los 346 adoptados 53 han contestado. No debe quedar uno sólo sin seguimiento.
Este es sólo un ejemplo de acciones ciudadanas que surgen como respuesta al desdén de nuestros representantes. Seguramente emergerán nuevas ideas que con trabajo colectivo consigan que los ciudadanos generemos redes sólidas que eliminen la más estorbosa de las murallas: la impotencia.
Maite Azuela, analista política y activista ciudadana
http://twitter.com/maiteazuela
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