Hace dos días que escribí esta columna dudé que fuera buena idea hablar en paralelo del derecho de los ciudadanos a conocer el estado de salud del presidente, y del derecho de los ciudadanos a que los espacios públicos de transmición de datos y eléctrica sean distribuidos evitando el monopolio. Pero el despido de Carmen Aristeguí hizo que ambas situaciones amarraran dos nudos para una misma mordaza. Hoy le veo más sentido. Menos mal.
Si escuchamos a Carmen Aristegui en la retransmisión a las 9 de la mañana en el programa de radio que transmitía por la frecuencia de MVS, constataremos que presenta al reportero Omar Aguilar desde San Lázaro quien comenta el asunto de la manta del Partido del Trabajo e inserta después las declaraciones de Josefina Vázquez Mota. Ella justamente señala que la censura es enemiga de la libertad de expresión, también lo son la calumnia y la difamación. Después explica el contexto del empujón entre Cloutier y Julio Castellanos. Regresa al tema de la manta e incluso dice que fue un caso que obligó a pronunciarse al PAN al respecto. Advierte que no se tiene información sobre si el presidente tiene o no problemas de alcoholismo. Y finaliza el bloque invitando a la presidencia a dar una respuesta oficial.
La cadena MVS, que transmitía su programa hasta el viernes pasado anunció que su salida responde a que violó el código de ética de la empresa. Esto hecho salpicó de comentarios las redes sociales y los espacios abiertos en los medios convencionales de comunicación. Aristeguí dijo que no hablaría del asunto hasta mañana, pero un par de horas después, la cadena CNN afianzó con su comunicado la posibilidad de que la decisión de MVS sea una mordaza de castigo para quien se atrevió a lanzar preguntas incómodas a la presidencia. Otra especulación gira en torno a la negociación del uso del espectro que de acuerdo con las disposiciones de hace un año, retiraría al grupo MVS las frecuencias por no darles el uso para emitir programas en TV restringida.
A pesar de los periodistas lastimados o asesinados a manos del crimen organizado o de gobernadores autoritarios, parecía que había algún tipo de avance en la libertad de expresión en México. Pero el despido de Aristeguí nos remite al punto de partida. Si en las hipótesis del despido no estuvieran presentes las implicaciones de un problema de salud en el desempeño de un Presidente o la entrega de licencias de frecuencias del espectro, sería un asunto laboral entre privados, pero en ambas posibilidades impera el interés público.
No habría que descartar que sean dos nudos los que aprietan esta mordaza. No tenemos un país en el que la libertad de expresión esté garantizada. Porque los periodistas no pueden lanzar ciertas preguntas y menos en un contexto en el que peligra el otorgamiento de espacios públicos de transmisión.
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