La conveniencia de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) siga incompleto en su número de integrantes tiene, como era de esperarse, consecuencias directas sobre el beneficio económico que los partidos políticos conservan cuando deciden los tiempos y los perfiles de los integrantes que renovarán la dirección del árbitro electoral. Entre sus dificultades natas para promover instituciones confiables y sus habilidades adquiridas para amañar la conformación de órganos autónomos según sus intereses, han sometido a nuestro árbitro electoral federal a situaciones de inmovilidad.
A dos años del ilícito, la sanción que debió aplicarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar la Constitución y a la ley electoral en 2009, sigue en el bolso de la camisa del árbitro porque el empate le impide levantar la tarjeta. Recordemos que en la sesión del 27 de abril, el incompleto Consejo General del IFE consideró de manera unánime las faltas cometidas por este partido.
Lo que dividió las opiniones de los consejeros fue la definición del monto. Mientras Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Marco Baños argumentaron que no se contaba con los elementos suficientes para determinar la multa porque el partido no informó al IFE sobre el costo de esta propaganda. El mecanismo para decidir que el partido verde debía reponer al Estado Mexicano $288 millones de pesos, se calculó conforme a los resultados de dos de las cinco cotizaciones que el propio Instituto tuvo que encargar a terceros (instituciones de educación superior). Las otras tres cotizaciones quedaron descartadas porque no se contó con los precios de mercado que hubieran determinado de manera más cercana al gasto en que incurrió el PVEM. La cantidad de la multa que se propuso, fue aprobada por Leonardo Valdés, Alfredo Figueroa y Benito Nacif.
Con este empate en la votación se atrasa la aplicación de la sanción hasta que la honorable Cámara de Diputados decida nombrar a los tres consejeros faltantes. Los diputados del verde ecologista han de estar tan preocupados por completar el Consejo del IFE, como lo están por la defensa de los derechos humanos y la depredación de reservas ecológicas en mano de gobiernos locales. Seríamos ilusos al esperar que el partido verde tenga prisa por resolver un asunto de interés público si esto incrementa las posibilidades de que les sea aplicada la multa por su delito. LEER COMPLETO AQUÍ
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