Entre el voto nulo y la resignación

En las elecciones del 2009 el voto nulo o voto en blanco se convirtió en un fenómeno de articulación ciudadana y protesta contra la partidocracia que monopoliza el acceso y el ejercicio del poder. Nadie se imaginaba que la anulación superaría el millón de votos, resultando incluso la cuarta opción —si se le puede llamar así— más votada a nivel federal y la tercera en algunas entidades del país. Las redes sociales fueron el espacio vinculante para que nos comunicáramos, promoviéramos entre indecisos y abstencionistas la acción de acudir masivamente a las urnas para manifestarnos hartos de un sistema de partidos que despilfarra recursos en campañas de candidatos y partidos, con los que un amplio grupo de ciudadanos no nos identificamos. Fue un llamado para renovar el sistema político buscando que priorice los derechos políticos de todos los ciudadanos sobre las facultades de aquéllos que militan en los partidos políticos. Seguramente existieron otras razones por las que varios decidieron anular su voto, aun sin atender la propaganda organizada que surgió espontáneamente en la mitad de los estados de la República. El 12% que alcanzó el voto blanco en Ciudad Juárez evidenció el hastío de una población sin alternativas políticas. Semanas antes de la jornada electoral las campañas anulistas empezaron a ser atendidas en algunos medios de comunicación, lo que obligó al IFE y a los representantes de partido a pronunciarse al respecto. Les sobró desdén y hasta se les escurrió la ignorancia. Algunos insistieron en que era ilegal, otros en que no tenía ninguna repercusión sobre el registro de los partidos y algunos más en que no se distinguirían los votos anulados, por errores en la boleta, de aquellos emitidos a conciencia. Lo que vino después de 2009 fortaleció la organización de los grupos que se identificaron como promotores de derechos políticos y que han impulsado la materialización de una reforma política que sigue siendo utopía. La partidocracia también quedó reforzada negándonos durante estos tres años la posibilidad de tener un sistema de partidos con ofertas más cercanas al electorado y un sistema político más creativo y abierto a la participación cotidiana de ciudadanos. Convirtieron lo que pudo ser una reforma política en promesas minimalistas saturadas de candados absurdos. Nos negaron la reelección, conservaron su fórmula para seguir abasteciendo con cantidades indignantes de dinero a sus partidos; no abrieron el sistema para tener partidos minoritarios que no se amalgamen a los ya existentes ni regularon las candidaturas independientes. Además, ignoraron lo acontecido en 2009 y no le otorgaron valor jurídico al voto nulo. Para este proceso electoral no se escucha hablar demasiado del voto en blanco en las redes sociales, mucho menos en los medios convencionales. Fue hasta hace unos días que Javier Sicilia hizo un llamado para anular, en vista de que ninguna de las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad han sido atendidas. También Lydia Cacho menciona esa posibilidad en su último texto en este diario, asumiendo que quienes decidan anular “saben que mientras menos votos se registren, menos dinero entregará el IFE a los partidos en las próximas elecciones”. Desafortunadamente la suposición de Lydia no está contemplada en la regulación electoral. Hoy día el voto nulo en México no afecta el cálculo para definir las prerrogativas de los partidos políticos, ellos tienen asegurado su dinero mientras siga amarrado al número de ciudadanos que estemos registrados en el padrón electoral. La única repercusión que tiene anular el voto, actualmente, es que puede poner en riesgo el registro de los partidos pequeños. En caso de que el porcentaje de voto nulo fuera muy alto, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el PT o incluso el Partido Verde podrían verse afectados porque se elevaría el rango de voto válido, y con esto se incrementaría el número de votos que requieren para alcanzar el 2% que les permita conservar el registro. Así le sucedió en 2009 al afortunadamente extinto Partido Socialdemócrata. El miedo a que el PRI recupere la Presidencia será un elemento permanente de reclamo a quienes promuevan el voto nulo, porque no podemos negar que su efecto apuntala al partido que tenga mayor puntaje. Quizá el argumento que utilizamos en 2009 para insistir en que todos los partidos resultan indistinguibles tenga que ser matizado al menos revisando qué partidos y qué actores son los responsables de que no haya un solo avance del 2009 a la fecha. ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a ser los votantes rendidos por la amenaza de que esto puede ser todavía peor? ¿Llegará el día en que acudamos a las urnas entusiasmados porque hay opciones reales para garantizar una transformación? Lo que sigue siendo un hecho es que nuestro voto como indecisos no expresará nuestra preferencia, sino simplemente nuestra asquerosa resignación.

¿Internet sin límites?

La expresión como derecho humano, requiere libertades tan amplias que remitan cualquier responsabilidad ulterior al emisor y su albedrío. El internet es hoy ese espacio incontrolable en el que no existen límites ni rémoras para informar, manifestar y dialogar con imágenes, sonidos o palabras, sobre cualquier tema en cualquier momento. Razones sobran para que quienes ven en este espacio una amenaza de conocimiento democratizado y democratizador, así como un eslabón reproductor de redes comunitarias. Por eso buscan subordinar el derecho a la expresión para priorizar la protección a la propiedad intelectual. En junio próximo, el Parlamento Europeo podría ratificar el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), además las iniciativas del gobierno estadounidense PIPA (Protect IP Act) y SOPA (Stop Online Piracy Act), siguen sin descartarse. Esto implica que la violación del derecho a la libre expresión en internet puede quedar legitimada internacionalmente. Varios ciudadanos en el mundo hemos manifestado nuestra preocupación al respecto. Afortunadamente un par de meses antes de que se refrende la firma del ACTA, el gobierno sueco a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado junto con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional y la Fundación de Infraestructura para Internet, a la realización de un foro al que denominaron Libertad en Internet para el Desarrollo Global. Suecia se ha caracterizado por ser un país que promueve las discusiones internacionales desde una perspectiva que confirma que los derechos humanos, incluyendo por supuesto a la libertad de expresión, aplican tanto a lo que pasa en Internet como a lo que sucede fuera de este. Además ha estado pendiente de las experiencias de los usuarios con respecto a la censura y la intimidación, para ofrecer a los activistas respuestas rápidas y apoyo de largo plazo. El 18 y 19 de abril se llevará a cabo este foro en la ciudad de Estocolmo, se espera que participen 350 invitados de los cinco continentes, vinculados con el uso de internet para la promoción del desarrollo y de los derechos humanos. El objetivo será que seamos capaces de definir qué condiciones son necesarias para que el Internet se utilice como promotor del desarrollo. Será interesante contrastar el caso de México con otros países. Por el momento el Senado detuvo la firma de ACTA, pero esto puede cambiar una vez que se renueve la legislatura. Así que la persecución en internet podría mermar aún más la de por sí ya controlada libertad que se acota indudablemente por las restricciones que existe para acceder. Los límites son básicamente económicos en tanto el monopolio de Telmex sobre este servicio sigue manteniéndose. Si tomamos en cuenta que Telmex es el principal camino de los nodos de Internet de Estados Unidos que dan ruta a todos los de México. Lo que le permite mantener costos altísimos para la oferta del servicio no sólo de telefonía sino de internet. Según la Asociación Mexicana de Internet AMPICI, México tiene aproximadamente 35 millones de internautas. Por su parte las Estadísticas Mundiales de Internet (IWS) estiman un 32.7% de penetración en México, lo que nos coloca 8.8 puntos abajo del promedio en Latinoamérica. Este foro será un buen espacio para identificar redes que impulsen la libertad en redes sociales para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, tema en el cual nuestro país no tiene ningún avance. Será un reto encontrar elementos para conseguir el equilibrio entre la seguridad en el mundo digital y la libertad. Para eso estaremos reunidos imaginando todas las posibilidades. Si están interesados en darle seguimiento, el foro se transmitirá por internet en www.stockhominternetforum.se

Human Rights Day

DHP 3° aniversario

V de valentía, por los maestros

Después de un año sin que Felipe Calderón diera señales de querer liberar al sistema educativo, y sobre todo a los maestros, del uso político-electoral que les da la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); la Coalición Ciudadana por la Educación decidió acercarse a los senadores para impulsar algunas modificaciones a la Ley General de Educación que pongan el desarrollo profesional de los maestros en función de su desempeño y no de su lealtad política.
Enfrentar este reto era un asunto de voluntad política del ejecutivo, y lo hubiera obligado a sacrificar el posible apoyo electoral que el PANAL le hubiera podido dar a su partido en elecciones futuras. Pero Calderón no quiso asumir el reto ni responsabilizarse de un proceso de renovación profunda del sistema educativo que iniciara con la derogación del Reglamento de 1946, documento que sentó las bases de un sistema corrupto en el que la disciplina sindical y el trabajo político incentivaba a los profesores más que el desempeño, la formación y los buenos resultados en el aprendizaje de los alumnos. Con la derogación de este reglamento se le hubiera quitado a la dirigencia sindical el monopolio sobre la administración de la carrera de nuestros maestros.
Calderón no lo hizo, no lo hará y ni siquiera contará con el supuesto apoyo en las urnas con el que tanto le coqueteaba Elba Esther Gordillo. Basta nada más ver en la lista de senadores plurinominales del PRI al actual Subsecretario de Educación Básica, Fernando González, yerno de la líder sindical, para entender que su ‘prudencia’ no sólo no le redituará en apoyo político, sino que con ella condenará a nuevas generaciones a ser producto de una educación raquítica.
Afortunadamente el mes pasado el Senado de la República, a propuesta de su Comisión de Educación, envió a la Cámara de Diputados una minuta de reformas a la Ley General de Educación para “establecer, bajo el principio de transparencia, los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo”. Esa ventana dejó entrar la luz en un cuarto que parecía destinado a la penumbra.
Con visos para animarse a insistir, la Coalición Ciudadana por la Educación trabajó en la propuesta de creación de un Servicio Profesional del Magisterio que integre procesos de ingreso, permanencia, formación continua y superación profesional para los maestros de educación básica; y que centre sus oportunidades de crecimiento en la evaluación ya contemplada por la minuta del Senado, evaluación cuyos resultados deberán ser certificados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sin injerencia del SNTE.
En un acto poco común que vale la pena celebrar, la voluntad política se conjugó con la valentía, y tanto la presidenta de la Comisión de Educación – Teresa Ortuño (PAN) – como el Secretario de la misma – Javier Castellón (PRD) –, se comprometieron a presentar la iniciativa y a impulsarla para que se dictamine en próximas fechas. Si consideramos que los partidos a los que pertenecen cuentan con los votos suficientes para hacer que esto prospere, podemos predecir que para el siguiente periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados recibirá una minuta que, de aprobarse, empoderaría al magisterio y lo liberaría definitivamente de los colmillos depredadores de la cúpula sindical.
Es difícil que esta legislatura en la Cámara de Diputados promueva el buen destino de una potencial ley a favor de los maestros, los niños y los jóvenes de México; quizá valga la pena esperar a que se renueve en el 2012 como resultado de la elección, para romper finalmente las putrefactas y oxidadas cadenas que impiden el avance de nuestra educación. De nuevo el voto se convierte en elemento clave, porque habremos de aspirar a que la información, la conciencia y la activación de ciudadanos conforme un bloque amplio de legisladores más comprometido con el futuro de la educación en México que con sus amarres cortoplacistas.
Nos quedamos ya con una lección bien aprendida: del poder ejecutivo poco podemos esperar, y en cambio, tenemos que estar muy atentos a quienes pretenden legislarnos, pues ellos nos dotarán o no de herramientas institucionales para construir un país en el que se reconozca la dignidad y la libertad de nuestros maestros. Vamos por los valientes que tengan voluntad.

Artículo publicado en El Universal
26 noviembre 2011

Yo estaría acusada de ser terrorista

Hoy podría estar detenida y acusada de terrorismo, porque la semana pasada recibí mensaje vía what’s up, con la amigable advertencia de un amigo poblano que me avisaba alarmadísimo sobre una balacera en la calle de Montes Urales en las Lomas de Chapultepec. No tuve oportunidad de verificar si esto era un hecho, pero me pareció pertinente reenviar el mensaje a algunos amigos que circulan normalmente por ahí y después seguí mi día como cualquier otro. Tengo la suerte de vivir en el Distrito Federal, porque de haber recibido un mensaje similar en Veracruz y haberlo reproducido correría el riesgo de que el mismísimo gobernador del Estado me acusara de terrorista. Podría alcanzar una pena privativa de mi libertad hasta por 30 años, la suspensión de mis derechos políticos hasta por cinco años y una multa de hasta 750 salarios mínimos.
Recibí el mensaje en una red cerrada y mi envío fue por la misma vía, pero los mensajes de Gilberto Martínez Vera y de María de Jesús Bravo Pagola fueron por twitter. Ambos advirtieron a sus seguidores de posibles ataques en escuelas locales, remitiéndolos al hashtag #verfollow. Sin embargo, no es la herramienta lo que nos coloca en condiciones distintas por cometer un acto similar, sino la censura a la que están sometidos los ciudadanos veracruzanos que no tienen medios locales confiables para conocer el estado real de seguridad de sus calles y espacios públicos. Además de la represión ultrajante tan eficaz para criminalizar ciudadanos que sueltan rumores, como ineficaz para controlar la delincuencia e impedir que permee las estructuras de gobierno.
En este crispadísimo ambiente de inseguridad es comprensible la indignación que ocasionan los rumores infundados que pueden circular en las redes sociales. Pero no podemos negar que estas herramientas de comunicación son, para el caso de Veracruz, la única vía de información no controlada por el gobierno. Podemos dedicar párrafos ilimitados para delimitar el alcance de las redes sociales y promover su uso de manera responsable. Lo que es un hecho es que resultan más útiles que dañinas para la libre comunicación comunitaria. LEER COMPLETO AQUÍ

CUERPOS DE CORRUPCIÓN Mi articulo en el Universal

Desplazar el peso de la corrupción requiere extremidades múltiples y movimientos acoplados. Deben de ser poquísimos los casos en los que se realizan fraudes al erario público sin que varios funcionarios articulen hábilmente su complicidad. Por eso en las artes de la estafa es común que muchos acepten sin titubeo ser tapadera de malversaciones, a sabiendas de que la protección que ofrecen a otros les garantiza la propia.
Para muestra de estas prácticas rastreras tenemos la reciente exculpación del Auditor Superior del estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo. Entre las múltiples acusaciones de las que es sujeto, está el hecho de recibir injustificadamente un bono de casi 10 millones de pesos adicionales a su sueldo; solapar el traspaso de 30 millones de pesos de la cuenta corriente del congreso a cuentas de cheques particulares de los coordinadores parlamentarios de la pasada legislatura; favorecer indebidamente a su suegro con un contrato por 5 millones de pesos para la compra de formas valoradas por parte del Congreso del Estado y solventar anomalías de las distintas dependencias gubernamentales a cambio de impunidad.
Las motivaciones que incitaron a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la 59 legislatura de Jalisco para eximir y ratificar en el cargo a Godoy, deben responder a su sentido de supervivencia para garantizar que, si ellos cometen alguna falta administrativa, ésta sea ignorada en compensación por su apoyo incondicional. A leguas podemos ver el encubrimiento en el reporte que presentó el auditor sobre el monto total que sumaban las irregularidades en las finanzas del congreso local jalisciense por 86.68 millones de pesos, en contraste con el monto reportado por la auditoría externa practicada por la empresa Russell Bedfort que encontró irregularidades por un total de 292.68 millones de pesos.
Hay varios motores que permiten que muchas patas de este animal lo hagan avanzar. En esta lógica de colaboración, tanto el gobernador Emilio González Márquez como el líder del grupo Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, o incluso el ex gobernador y actual diputado Francisco Ramírez Acuña, han aceitado bien las bisagras para la exculpación del auditor. La mayoría de los integrantes de la Comisión de Vigilancia que asumieron el costo político fueron priístas y perredistas. Las omisiones de la débil oposición panista no alcanzaron para detener la impunidad.
De algún modo, el centralismo que les estorba a las autoridades estatales para los asuntos de distribución de recursos y reconocimiento mediático, les conviene cuando se trata de controlar la información en sus diarios locales y contener la indignación entre los linderos que dominan. Desafortunadamente, la reproducción promiscua de estas prácticas de corrupción y opacidad sucede en muchos estados de la República. Tendremos que evidenciar a nivel nacional las caras, nombres y artimañas de quienes hacen caminar a una rata inmune al desprestigio, con potentes anticuerpos contra los juicios y las denuncias ciudadanas. LEER COMPLETO AQUÍ